Renegado.-

El 3 de agosto de 2012, a las 16:49 hora local, el Tifón ZJ923 de la Royal Air Force que pertenecía al dispositivo de defensa aérea creado específicamente para proteger el desarrollo de los Juegos Olímpicos, era lanzado en scramble desde el aeródromo de Northolt, al noroeste de Londres. Mientras ascendía de forma casi vertical sobre la pista, un segundo Tifón rodó hacia la cabecera y se situó en espera de ser llamado como apoyo del caza que ya se dirigía hacia su objetivo, un contacto que volaba a 36.000 pies hacia la Zona de Exclusión de Vuelo sin responder a las llamadas del Servicio de Control de Tráfico Aéreo.

Desde el momento en que abandonó la pista, hasta que se situó a escasos metros a la izquierda del contacto para su identificación visual y posterior escolta, el Tifón consumió 3,5 minutos. Se trataba de un Boeing 737 Business Jet con número de serie N444HE y registrado a nombre del Wells Fargo Bank, que había sufrido un problema eléctrico con las comunicaciones.

Semanas antes, el 12 de abril concretamente, dos Tifones que se encontraban en alerta QRA fueron lanzados desde su base en Coningsby cuando el piloto de un helicóptero civil introdujo erróneamente en su transponder el código 7500, comunicando automáticamente al Servicio ATC que se encontraba secuestrado. Los cazas aceleraron a Mach 1.2 para interceptar al supuesto helicóptero secuestrado, y el estampido sónico pudo ser oído por miles de británicos, hasta el punto de que muchos de ellos se pusieron en contacto con el British Geological Survey para comprobar que no acababan de sufrir un terremoto.

Esto que parece excesivo, no es más que la consecuencia de la situación creada por los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, los gobiernos de la Alianza han debido responder a una demanda de la OTAN, cuyo Comité Militar aprobó en mayo de 2002, ocho meses después de los atentados de Nueva York y Washington, el llamado Concepto Renegade (Aeronave civil secuestrada y utilizada como arma terrorista) e instó a los países miembros a designar a sus respectivas autoridades nacionales en el asunto. Pese a que la defensa aérea de la OTAN se encuentra integrada, la decisión de derribar un avión civil es tan delicada que se considera propia de la soberanía de cada estado.

En España, no es un militar ni un ministro la persona que tiene la inmensa responsabilidad de decidir en cuestión de minutos si ordena el derribo de un avión de pasajeros secuestrado con fines terroristas. Pedro Argüelles Salaverría, de 62 años, Secretario de Estado de Defensa y antiguo presidente de la filial española de Boeing, es quizás el único alto cargo que no puede permitirse el lujo de permanecer ni un instante ilocalizable, servidumbre que le otorga su carácter de Autoridad Nacional Renegade. En sus manos se encuentra la versión nacional y actualizada del mítico maletín nuclear de la Guerra Fría, el gatillo de los cazas del Ejército del Aire frente a ataques como los que sufrieron Nueva York y Washington en septiembre de 2001.

Surge la pregunta del por qué encomendar tan difícil tarea a un Secretario de Estado, y no directamente al Ministro de Defensa o al propio Presidente del Gobierno. Por un lado se trata de descentralizar un problema que por harto difícil y complicado de asumir, puede restar eficacia a otros asuntos que dada la situación en que se producen, merezcan en esos momentos no desviar la atención de la cúpula del gobierno o simplemente no centralizarla en un solo punto, y por otro de un simple tema de mayor disponibilidad; es decir, se intenta que no haya ningún reparo ni obstáculo para interrumpir a la autoridad competente, cualquiera que sea la actividad que esté realizando, aunque la mayoría de las veces se trate de una falsa alarma.

Por otro lado, después de multitud de fuentes jurídicas consultadas, se llegó a la conclusión de que el reponsable de adoptar una decisión tan delicada no podía ser un técnico. El militar debe ofrecer los datos que avalen que un avión ha sido secuestrado por terroristas que se proponen utilizarlo en un atentado suicida, pero al final siempre existe un margen de duda sobre cuál es la opción más adecuada a tomar, y sólo un político, y no un militar, debe responder de la decisión que al final se adopte.

El Secretario de Estado de Defensa está en conexión directa y permanente con el teniente general Eugenio Ferrer, jefe del Mando Aéreo de Combate, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid). Si un avión fuera clasificado como Renegade, el general Ferrer se pondría inmediatamente en contacto con Pedro Argüelles, quien desde ese momento dirigiría toda la operación. Si hubiése tiempo, Argüelles podría consultar con el Ministro de Defensa, Pedro Morenés, o con el propio Presidente Mariano Rajoy, pero legalmente sería suya, y sólo suya, toda la responsabilidad sobre la decisión a tomar. En este tipo de situaciones, todas las precauciones son pocas, y a pesar de que Eugenio Ferrer y Pedro Argüelles se conocen de sobra, el procedimiento prevé el uso de una contraseña para evitar que alguien pueda imitar la voz del Secretario de Estado y suplantar su identidad.

Lo que sí ha aportado la OTAN son los procedimientos específicos de interceptación, que son comunes a toda la Organización. Antes de llegar a un eventual derribo, se prevé la adopción de una serie de medidas que aseguren que se trata de un piloto suicida, y se le intenta disuadir por medio de un mensaje de radio, realizando señales visuales e incluso mediante disparos de advertencia. Hasta ahora, más allá de los ensayos, el sistema no se ha activado por ningún caso real excepto en 2004, cuando un avión comercial procedente de Francia entró en el espacio aéreo español y disparó todas las alarmas. No sólo no contestaba a todos los requerimientos que se le formularon, sino que además llevaba el transpondedor desconectado, lo que impedía su identificación automática. No fue sino a la altura de Zaragoza cuando pudo ser finalmente identificado, quedando todo en un sobresalto.

 Tras la petición de mayo de 2002 por parte de la OTAN para que cada país miembro nombrase a su propia autoridad Renegade competente, el Gobierno del PP presidido por José María Aznar hizo lo propio, pero sólo con motivo de algunos acontecimientos internacionales como la conferencia de donantes de Irak en el otoño de 2003, ligando siempre el nombramiento al desarrollo de los mismos y no con carácter permanente.

El Ejecutivo del PSOE estimó, por el contrario, que la única forma de que el sistema funcionase eficazmente era darle continuidad. Además, se llegó a la conclusión de que aunque determinados eventos suponían sin duda un incremento del riesgo, las tragedias del 11-S y el 11-M demostraron por sí solas que la amenaza terrorista podía materializarse en cualquier momento y lugar, por lo que siempre había que estar preparados. De esta forma, a finales de abril de 2004 se llega a un acuerdo secreto de la Comisión Delegada del Gabinete de Crisis que regula el sistema Renegade de forma provisional con una autoridad ya permanente.

Así las cosas, la Comisión Delegada del Gabinete de Crisis aprobó el dispositivo de seguridad de la boda del Príncipe de Asturias, celebrada en La Almudena el 22 de mayo, atribuyendo al entonces Secretario de Estado de Defensa, Francisco Pardo Piqueras, la autoridad para abatir aeronaves controladas por terroristas suicidas. La preocupación no era infundada, ya que el propio CNI había alertado de una serie de robos de ultraligeros en distintos puntos de España, y se temía que pudieran ser usados para atentar contra la boda.

LLegados a este punto, en la sesión del Comité de Defensa del Congreso del 28 de junio de 2005 que debatía la Ley Orgánica de Defensa Nacional, el Grupo Socialista introduce una enmienda a la misma con el fin de dar cobertura legal al Sistema Renegade regulado por acuerdo secreto desde finales de abril de 2004, legalizando por primera vez en España la conducta ante estas situaciones.

 El texto de la enmienda, transaccionado con Coalición Canaria y pactado con el Ministerio del Interior, incluye entre las misiones de las Fuerzas Armadas, "la respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses. A estos efectos, el Gobierno designará la Autoridad Nacional responsable y las Fuerzas Armadas establecerán los procedimientos operativos pertinentes".

En realidad, aunque dicha autoridad ya existía y los procedimientos se habían ensayado con anterioridad, incluir este mecanismo en una Ley, que además tiene el rango de orgánica, supone dotar de la necesaria cobertura legal a una de las funciones más delicadas y penosas que puedan existir: decidir, llegado el caso, si se acaba con unas vidas humanas para salvar otras.

Y que Dios en su eterna justicia sepa, dado el caso, perdonarnos a todos.